J.A. Domènech
09/06/2021

Una reciente sentencia del supremo podría variar.

Un total de seis mutuas se han mostrado interesadas en absorber, cuatro de ellas, o fusionarse, dos, con Activa Mutua. Al menos estas son el número de propuestas que formalmente ha recibido la dirección de Activa Mutua.

La junta directiva de la mutua local ha decidido remitir un cuestionario a cada una de las interesadas para que concreten sus intenciones y las condiciones de su petición, según ha podido saber Tarragona Empresarial de fuentes próximas a la empresa mutualista. Se trataría de un formulario habitual en estos casos, en el que se solicita el plan general de su actuación si la propuesta fuera aprobada, y que tiene que ver con el futuro de la plantilla, oficinas, patrimonio, entre otras consideraciones.

Esto vendría a confirmar que la mutua de origen local y una de las referentes del sector  -y la cuarta empresa de Tarragona por volumen de facturación-, sigue en un proceso que podría conducir a su desaparición como marca, tal como avanzamos en este mismo medioNo ha trascendido el nombre de las mutuas interesadas, aunque las propuestas se debatieron en la última reunión de la junta directiva de la entidad celebrada el pasado jueves. Fuentes de Activa Mutua han declinado hacer declaraciones. Una de las mutuas que habría mostrado mayor interés es la madrileña Ibermutua, que, al parecer, desde hace al menos tres años figura como la mejor posicionada como entidad absorbente, entre todas las opciones, según señalan fuentes del sector.

La situación Actual de Activa Mutua, que aparece, según las cifras provisionales de AMAT (la patronal del sector), como la que peores ratios presenta en 2020 en cuanto a reservas entre las 19 mutuas del sistema, habría empujado a la búsqueda de una solución que pasaría por su práctica desaparición tal como hoy la conocemos. Activa Mutua cumpliría en estos momentos, con un estrecho margen, el porcentaje de reserva de estabilización,  situándolo en el 26% (el mínimo está  en el 24%). Cumplir con este ratio es un requisito indispensable para su viabilidad.

En los últimos años, Activa Mutua ha acumulado sanciones, con base a actuaciones ‘irregulares’, por un importe cercano a los dos millones de euros (entre ajustes de la Inspección y la propia sanción), lo que habría sido aprovechado, junto a la causa abierta en los juzgados (denuncia de un extrabajador en 2017, que todavía está en fase de instrucción), para forzar a que Activa Mutua pase a ser absorbida por otra mutua.

La sanción que se impuso en el 2019 a Activa Mutua fue de 875.000 euros. Como consecuencia, la mutua decidió prescindir de su director general, Miquel Àngel Puig, y puso en marcha el relevo de cargos en los órganos de la junta de gobierno. Desde entonces, Activa Mutua ha ido perdiendo la fuerza y representatividad que tenía en el territorio, más allá del deterioro económico.

Hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de las mutuas españolas han sido sancionadas en los últimos años, y ello no ha derivado en su cierre o absorción. Singularmente, fueron muy destacados los casos de la Mutua Universal y de Fremap, protagonistas en su día de acciones de malversación de fondos por una parte de la cúpula directiva. Por otra parte, desde hace años, los gobiernos de turno han venido fomentando fusiones entre las mutuas, con el objetivo que en el sector queden menos de una decena, frente a las 19 de la actualidad.

Sentencia relevante

Las sanciones en su día impuestas a Activa Mutua provocaron un desequilibrio en sus cuentas. Una situación, la de las sanciones derivadas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha experimentado un giro de 180 grados ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo en beneficio de Ibermutua, a la que se le reclamaban más de 465.000 euros por una serie de infracciones derivadas del presunto uso irregular de los recursos públicos recibidos en un conjunto de gastos que, según el criterio de la Inspección, no se correspondían con el papel que tiene la entidad como colaboradora en la gestión del sistema de Seguridad SocialNo obstante,  la resolución del Supremo desmonta la argumentación de la Inspección de Trabajo para imponer esa multa, cuestiona el procedimiento seguido por el organismo y los tipos de infracción imputados a la mutua, quedando la sanción reducida a 6.000 euros.  Este tipo de elevadas multas por conceptos similares ha afectado a todas las mutuas que han sido inspeccionadas.  A partir de esta sentencia, podría abrirse un camino de recursos por el que las mutuas podrían recuperar buena parte de los importes de las sanciones, así como dejar como erróneas las decisiones que se tomaron tras las sanciones. Una situación que podría beneficiar claramente a Activa Mutua.

Los males recientes de Activa Mutua se visualizaron después de que el diario El País publicara en 2019 una información que se hacía eco de una sanción mencionada de 875.000 euros, inusualmente alta, impuesta por la Inspección de Trabajo «por gastar dinero público irregularmente» en conceptos similares en algunos casos a los que ahora el Tribunal Supremo no ha considerado susceptibles de sanción en Ibermutua. La actuación de la Inspección desencadenó una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y una actuación decidida del Ministerio de Trabajo, que intervino la cúpula directiva de la entidad e impuso como director gerente a Miguel Ángel Díaz Peña, inspector de Trabajo jubilado, una persona de total confianza del entonces secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Después vinieron la huida de asociados de Activa Mutua y la caída en números rojos.

En este sentido, Díaz Peña habría trabajado para encaminar a Activa Mutua hacia una absorción por parte de otra mutua. Lo cierto es que Activa Mutua, inexplicablemente, bajo el mandato de Díaz Peña, no recurrió en su día las sanciones, como sí hicieron el resto de mutuas, al desistir la junta directiva de presentar recurso. Sin embargo, la sentencia del Supremo abriría la puerta a posibles recursos dado que sienta jurisprudencia, según fuentes del sector. Y con ello la posibilidad de recuperar los importes derivados de las sanciones, lo que, hipotéticamente, volvería a dotar de recursos a Activa Mutua.

Hasta el año 2018 Activa Mutua ha venido situándose en el puesto número 9 en la clasificación nacional del sector en volumen de cuotas y en el puesto número 7 en términos de solvencia. En 2020 fue, por el contrario, fue la mutua que más afiliados perdió, y en ese mismo ejercicio, la que peores ratios presentó, como se ha señalado. A su favor, Activa Mutua cuenta con importantes activos que podrían, en parte, enajenarse o aportarse como garantía para cubrir cualquier eventualidad de solvencia.

Hasta muy recientemente, ninguna voz local de la clase asociativa empresarial ni política, sabedora de estos movimientos, ha mostrado, al menos públicamente, su interés por ‘salvar’ la entidad. Sin embargo, en las últimas semanas, algunos representantes políticos de ERC y JxCat sí se habrían interesado por el devenir de la situación, aunque, de momento, sin que trasciendan acciones concretas. En este punto, hay que recordar que los orígenes de Activa Mutua están muy arraigados en el territorio. En 1922 se constituye REDDIS en la ciudad de Reus y MATT en Tarragona. En 2007 se fusionan Reddis y la MATT, creando ReddisMatt, y en 2008 se crea Activa Mutua, tras la fusión de Fimac, Mupa y ReddisMatt.