T.E.
15/10/2020

Se aprobarán ayudas directas a establecimientos en los que la restauración sea la única actividad y con menor facturación.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha anunciado que el ejecutivo catalán aprobará ayudas para la restauración con una dotación inicial de 40 millones de euros y una nueva línea de avales para cubrir necesidades de liquidez.

En una rueda de prensa junto con los consellers Meritxell Budó (Presidencia), Miquel Sàmper (Interior) y Alba Vergès (Salud), Aragonès ha anunciado medidas compensatorias tras acordar cerrar todos los bares y restaurantes de la comunidad durante 15 días, reducir el aforo de los centros comerciales al 30 % y el de los gimnasios al 50 % para intentar contener el avance de la epidemia de Covid.

Aragonès ha explicado que el próximo martes en el Consell Executiu se aprobarán ayudas directas a establecimientos en los que la restauración sea la única actividad y con menor facturación, con una dotación inicial de 40 millones de euros.

El Govern también desplegará una línea de avales extraordinarios para cubrir necesidades de liquidez de tesorería a partir de 12.000 euros.

Por su parte, Budó ha anunciado asimismo que se incorporará en el Código Civil catalán una cláusula llamada ‘rebus sic stantibus’ que busca «acompañar a aquellas actividades que no podrán hacer frente a su alquiler» debido a las medidas restrictivas decretadas ahora o en el futuro.

«Buscamos así que en el caso de una situación como una pandemia, que requiera de un paro importante de la actividad económica, se puedan posponer, aplazar, los compromisos en el pago del alquiler mientras la actividad no genere beneficio», ha explicado.

Se quiere también «regular el cambio imprevisible de circunstancias en los contratos de alquiler», de forma que en caso de desacuerdo entre arrendador y arrendatario un juez pueda «adaptar» un nuevo contrato a las «nuevas circunstancias» provocadas por la emergencia.

Ante estos escenarios imprevisibles, ha dicho Budó, el ordenamiento civil debe dar una «respuesta adecuada e idónea».

Sàmper ha resumido en este sentido que la voluntad del Govern es «que las condiciones que había cuando se firmó un contrato de alquiler», en caso de verse modificadas «de forma imprevisible» por ejemplo a causa de una pandemia o un terremoto, se «adapten» a las nuevas circunstancias. Ha afirmado, por otra parte, que esta medida ya la contempla la legislación foral de Navarra.