J. A. Domènech
28/07/2021
Activa Mutua cerró el ejercicio 2020 con una cifra de ventas de 387 millones de euros y unas pérdidas registradas de 14 millones. La semana pasada se reunió la junta directiva de la entidad y se realizó la junta general ordinaria, en la que se dieron a conocer estas cifras.
Como se recordará, en estos momentos Activa Mutua vive un impasse mientras se decide su futuro, que pasa por la absorción por parte de otra mutualidad o la fusión, como salidas en las que trabaja la dirección de la entidad. Hasta la fecha, la junta directiva ha recibido en firme propuestas de seis mutuas: MC Mutual, Mutua Universal, Asepeyo, Ibermutua, MAZ y Univale. Estas dos últimas han propuesto una fusión, mientras que las cuatro primeras presentan un proyecto de absorción. En todo caso, y como hemos venido publicando en este medio, en los dos últimos años la dirección de la entidad ha trabajado para integrar Activa Mutua en otra entidad. En este sentido, se habría posicionado como favorita la madrileña Ibermutua. La junta directiva ha encargado un informe a sus técnicos para que presenten el 16 de septiembre un memorándum sobre cuáles serían las ofertas que presentan mejores condiciones entre las seis presentadas.
No obstante, son muchos los que consideran que Activa Mutua, en lugar de seguir el camino de la fusión o absorción, podría optar por la continuidad o, incluso, por incorporarse a una corporación de mutuas y así no perder su identidad. De hecho, algunos miembros de la junta directiva de Activa Mutua quieren que no se descarte la continuidad como marca y se establezca para ello un plan de acción para los próximos años. Esta posibilidad contaría con el respaldo de parte de los ejecutivos de la dirección, aunque sin consenso pleno.
A nadie escapa que una integración o fusión llevaría a la vía de reducción de costes, y por tanto a la casi segura merma de activos y nóminas de la entidad resultante, como viene sucediendo en otros sectores afectados por fusiones o integraciones. Hasta el momento, salvo tímidas manifestaciones y alguna consulta política, ni los sindicatos ni el comité de empresa han manifestado públicamente su aprobación o rechazo a las acciones que están encaminando a la cuarta empresa provincial en volumen hacia su muy probable desaparición como marca.
Dos años de letanía
Esta misma semana finaliza su contrato Miguel Ángel Díaz Peña, hasta ahora director general de Activa Mutua, que fue nombrado en 2019 tras la intervención de la mutua. Díaz Peña, inspector de Trabajo jubilado, exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social entre 2002 y 2011, se encuentra de baja laboral desde abril del 2020.
Como se recordará, Diaz Peña habría encaminado su labor en Activa Mutua hacia esa futurible absorción o integración en otra mutua. De hecho, según señalan fuentes consultadas del sector, Díaz Peña sería el responsable que Activa Mutua no presentara recurso sobre la actuación de la Inspección de Trabajo contra la entidad, que desembocó en sanción y ajustes de 2,2 millones, y el desmembramiento de la cúpula directiva, así como su posterior pérdida de peso en el sector y dificultades económicas. Esta decisión se tomó posteriormente a la aprobación por parte de la junta directiva de presentar un recurso, contratando para ello al bufete Cuatrecasas. Este tipo de sanciones fueron comunes en la época tras la campaña, que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social abrió, ya en la era del PP, contra los gastos supuestamente suntuarios de algunas mutuas con cargo al erario público.
El resto de mutuas sancionadas –la práctica totalidad del sector– presentaron recursos ante los tribunales. Recientemente se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo en beneficio de Ibermutua, a la que se le reclamaban más de 465.000 euros por una serie de infracciones derivadas del presunto uso irregular de los recursos públicos recibidos en un conjunto de gastos que, según el criterio de la Inspección, no se correspondían con el papel que tiene la entidad como colaboradora en la gestión del sistema de Seguridad Social. La resolución del Supremo desmonta la argumentación de la Inspección de Trabajo para imponer esa multa, cuestiona el procedimiento seguido por el organismo y los tipos de infracción imputados a la mutua, quedando la sanción reducida a 6.000 euros. El sector espera que futuras sentencias que afectan al resto de mutuas vayan en esta línea.
En los últimos meses, partidos políticos como ERC i JxCat se habrían interesado por la situación de Activa Mutua y su futuro inmediato. En este punto, hay que recordar que los orígenes de Activa Mutua están muy arraigados en el territorio. En 1922 se constituye REDDIS en la ciudad de Reus y MATT en Tarragona. En 2007 se fusionan Reddis y la MATT, creando ReddisMatt, y en 2008 se crea Activa Mutua, tras la fusión de Fimac, Mupa y ReddisMatt.
Hasta el año 2018 Activa Mutua ha venido situándose en el puesto número 9 en la clasificación nacional del sector en volumen de cuotas y en el puesto número 7 en términos de solvencia. En 2020 fue, por el contrario, la mutua que más afiliados perdió, y en ese mismo ejercicio, la que peores ratios presentó, como se ha señalado. A su favor, Activa Mutua cuenta con importantes activos que podrían, en parte, enajenarse o aportarse como garantía para cubrir cualquier eventualidad de solvencia.